Un método eficaz para conflictos que el proceso judicial no resuelve con rapidez.
El arbitraje permite resolver estos conflictos con un criterio único, especializado y motivado, mediante un laudo que tiene la misma eficacia que una sentencia firme (art. 517.2.2 LEC).
• Mediciones y certificaciones. Diferencias entre unidades presupuestadas, ejecutadas, certificadas y abonadas; trabajos incompletos o duplicados y discrepancias sobre precios aplicables.
• Sobrecostes y trabajos adicionales. Cambios de proyecto, ampliaciones de alcance, partidas no previstas y discusión sobre quién autorizó su ejecución y cómo deben valorarse.
• Defectos y calidades. Humedades, fisuras, fallos de acabado, materiales distintos de los contratados o soluciones constructivas cuya adecuación se discute.
• Retrasos e incumplimientos. Desviaciones del calendario, paralizaciones, falta de entrega de documentación y consecuencias económicas que puedan acreditarse.
• Liquidación de obra. Determinación del saldo final, retenciones, pagos a cuenta, partidas pendientes y coste de terminación o subsanación.
La delimitación de las partes es esencial. La presencia de un promotor, contratista, técnico o aseguradora en la obra no implica, por sí sola, que todos estén vinculados por el mismo convenio arbitral.
El punto de partida es contrastar el contrato y sus modificaciones con el proyecto, las mediciones y la documentación de ejecución. Después se identifican los hechos discutidos y la prueba necesaria para resolverlos.
Cuando el conflicto versa sobre daños, hay que distinguir su existencia, su causa, la posible responsabilidad y el coste de reparación. Cuando se discute una factura, es necesario verificar el alcance contratado y la realidad de los trabajos, además de su precio.
La formación técnica facilita el examen de planos, certificaciones e informes. La necesidad de una inspección, ensayo o pericial específica se decide según el asunto, con posibilidad de que las partes
1. Evaluación inicial. Se revisan el convenio arbitral, los intervinientes, el objeto del conflicto y la documentación disponible.
2. Delimitación del arbitraje. Se concretan las cuestiones a resolver, las reglas del procedimiento, el calendario y los costes previstos.
3. Alegaciones y prueba. Cada parte expone su posición y aporta documentos e informes. Se practican las actuaciones técnicas y audiencias que procedan.
4. Decisión motivada. El árbitro resuelve las pretensiones sometidas a su conocimiento mediante un laudo. Su eventual ejecución forzosa corresponde a los tribunales.
Las reuniones y actuaciones compatibles con este formato pueden realizarse por videoconferencia. Las visitas al inmueble se organizan cuando aportan información necesaria.
Supuesto ilustrativo: una constructora reclama 32.000 euros por trabajos adicionales y el promotor sostiene que parte de ellos estaba incluida en el precio inicial. Además, discute determinadas mediciones y el acabado de la fachada.
El análisis debe separar qué trabajos se contrataron, cuáles se modificaron, qué autorización consta y qué se ejecutó realmente. También debe concretar las deficiencias acreditadas y su repercusión económica. El saldo no se obtiene aceptando íntegramente una factura o rechazándola en bloque, sino examinando las partidas y las pretensiones formuladas.
Debe examinarse la normativa de consumo. No puede darse por válida cualquier cláusula incluida en un presupuesto. El arbitraje privado y el Sistema Arbitral de Consumo tienen distinto encaje; se revisarán el momento y las condiciones del consentimiento antes de aceptar el asunto.
Puede serlo. La experiencia del árbitro no sustituye automáticamente la prueba que exige una cuestión técnica ni el derecho de las partes a discutirla.
Depende de la cuantía, el número de cuestiones, los intervinientes y la prueba. La evaluación permite concretar honorarios y gastos previsibles, así como un calendario orientativo. Una obra con ensayos o varios informes contradictorios requiere una planificación distinta de una discusión documental sobre una certificación.
Sí, las partes pueden acordarlo después de surgir el conflicto. Si no existe un convenio válido y la otra parte no acepta, la solicitud unilateral no permite imponerle esta vía.
Made with Mobirise web maker